El artículo que incluimos hoy  fue originalmente publicado por el economista y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez José J. Villamil en un periódico de San Juan cuando se discutía la selección del próximo Presidente de la UPR. En vista de la situación que desde finales de abril caracteriza a la UPR Los Editores de la Revista Perspectivas de Estudios Técnicos, Inc. decidieron publicarlo en la edición de Abril/2010 con la siguiente nota: “Todo apunta a que la UPR requiere que se examine su función en la sociedad, la manera como se administra y, particularmente como se financia.

La Fórmula. La Fórmula mediante la cual el gobierno subsidia a la UPR tiene que ser el primer punto a examinar. Es importante recalcar que se trata de un subsidio pues permite vender un producto – el crédito universitario – a un precio muy por debajo de su costo real. En la actualidad el precio en el mercado de un crédito de bachillerato supera los $120, que es lo que cobran las instituciones privadas, mientras que en la UPR se vende a $40. Un grado en Derecho cuesta en la UPR una tercera parte de lo que cuesta en una universidad privada y un grado en Medicina en la UPR es aproximadamente una cuarta parte de lo que cuesta en una institución privada. Todo esto gracias a la Fórmula que permite vender los créditos muy por debajo del costo y de lo que tienen que cobrar las instituciones privadas. Es pertinente mencionar que la Fórmula se aprobó en un momento en que el sector privado universitario era pequeño y no existían las becas Pell. En ese contexto fue la decisión correcta para apoyar al sistema público. Hoy enfrentamos una realidad muy distinta.

La Fórmula no llena ninguno de los tres requisitos que se mencionaron como necesarios. El subsidio que permite la Fórmula le aplica igual a ricos y pobres. Aún tiene un efecto perverso ya que obliga a racionar el acceso a la UPR y el criterio para racionar dicho acceso, el Índice de entrada, parece favorecer a estudiantes que provienen de familias con ingresos más altos. Si el Índice no tuviera relación con el nivel económico, no habría problema alguno. Lo que ocurre es que existe esa relación, algo que quedó evidenciado en un estudio que llevó a cabo el economista Santos Negrón y otros investigadores para el CES en el 2004.

Al ser un “subsidio “across the board” la Fórmula lo mismo subsidia programas de poca prioridad social (Derecho, por ejemplo), que programas de mayor relevancia para el futuro de Puerto Rico (Ciencias, Ingeniería, profesiones relacionadas a la salud). Además, al no requerirse ningún tipo de “auditabilidad” y al no aplicarse medidas de desempeño, no es posible decir si los fondos se usan de manera eficiente. Todo parece indicar que la Fórmula ha estimulado la ineficiencia administrativa y aumentos en el costo por estudiante. En vista de la situación económica actual y prospectiva, asegurar el mejor uso de los recursos fiscales es esencial. Como mínimo, debemos cuestionar si la Fórmula es la mejor manera de canalizar el apoyo gubernamental a la educación universitaria.

Una defensa de la Fórmula es que protege la autonomía universitaria. Sin embargo la evidencia es otra. A través del tiempo la UPR se ha visto como una agencia de gobierno, algo que queda meridianamente claro cada vez que cambia el gobierno. Al cambiar el partido en el poder, cambia la Junta de Síndicos, el Presidente, los Rectores y otros funcionarios de la Universidad. La Fórmula justifica la intervención del gobierno en la Universidad precisamente por su función en el financiamiento de la misma. Entre otras manifestaciones de la intervención política se encuentra el hecho de que la Legislatura ha creado recintos universitarios con un criterio más bien político, que académico. Las intervenciones políticas a través de los años han sido nefastas para la institución.

La organización del sistema. El problema no es sólo la Fórmula. Al separarse – correctamente – la función de la Junta de Síndicos de la UPR del CES, éste quedó como una entidad sin una clara misión. Es un organismo de muy poca importancia en definir el futuro de la educación superior. El sistema universitario actual está muy fragmentado y no es exagerado decir que no existe una visión clara de futuro para éste. En un momento en que la aspiración es movernos a la economía del conocimiento, contar con una visión de futuro sobre el sistema universitario y asegurar que éste se mueve en la dirección deseada es esencial. El CES, como está organizado actualmente, es incapaz de proveer la dirección necesaria para lograrlo.

A través de los años se han hecho diversas propuestas para la re-estructuración del sistema de educación universitaria que tienen que ver con su financiamiento, la reorganización del sistema público y la función del CES.

En cuanto a lo primero, mi posición ha sido por muchos años que el apoyo del Estado al sistema universitario debe ofrecerse sobre tres bases: (1) un programa de becas otorgadas directamente a los estudiantes, en función de necesidad, (2) un fondo de investigación del cual se asignarían fondos competitivamente, siguiendo el modelo del NSF y (3) un fondo de desarrollo institucional, también competitivo, que permitiría a las universidades desarrollar nuevos programas según surja la necesidad. La Fórmula se eliminaría en un plazo de tiempo suficiente que permita a la UPR hacer los ajustes necesarios. En cuanto a los otros dos puntos, no necesariamente hay que seguir pensando en un esquema organizativo como el vigente para la Universidad del Estado. Éste se ha ido formando improvisadamente y sin consideración a si es o no el mejor modelo. Una alternativa que ha sido mencionada – una de varias opciones – es la de crear seis instituciones distintas (Río Piedras, Mayagüez, Ciencias Médicas, Humacao, Ponce y una que agrupe a los otros colegios regionales), cada una con su junta de directores. El riesgo aquí es que se genere aún mayor fragmentación, pero es algo que puede remediarse. Esto es posible si se reconceptualizar al CES como una entidad coordinadora del sistema y responsable de definir, obviamente en acuerdo con las instituciones, una agenda para el futuro de la educación post secundaria. Este esquema eliminaría la Administración Central de la UPR creada en 1966 como algo más o menos ceremonial (en la Ley los poderes están formalmente en los recintos) que se ha convertido en un aparato burocrático costoso, y la posición de Presidente. Evidentemente, hace falta un análisis profundo de las ventajas y desventajas de cualquier transformación en el sistema universitario, pero también de dejarlo como está.

La implantación. No podemos subestimar la dificultad de lograr las transformaciones en el sistema y asegurar su implantación. Son muchos los que tienen un interés en mantenerlo. Hay, además, muchos temas que habría que abordar: ¿Cómo se financia el sistema público en la transición a un nuevo esquema? ¿Cómo proteger la autonomía académica? ¿Cómo seleccionar los organismos rectores? ¿Cómo evitar la intromisión indebida de la política partidista? ¿Qué mecanismos formales e informales habría que crear para lograr colaboración interinstitucional y lograr coherencia en el sistema?

Aunque el proceso de designar un nuevo presidente ha copado la atención de los medios con especulaciones de cual es el favorito, la realidad es que este proceso es de muy poca importancia mientras no se atiendan los aspectos señalados en esta nota. Es claro que contar con un sistema universitario de alta calidad, con instituciones privadas y públicas, es esencial para el desarrollo futuro del país, y el Estado tiene la responsabilidad de apoyarlo. Yo, al menos, dudo mucho que con el marco institucional que rige al sistema – desarrollado hace más de cuatro décadas – podamos decir que nuestro sistema universitario es la mejor cara al futuro y que el nombramiento de un nuevo Presidente resolverá sus problemas.

por José J. Villamil (economista y profesor universitario)

 

 

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